Lo que dice la ley sobre el protocolo familiar

El funcionamiento de las empresas familiares está regulado como parte del derecho societario en la Ley de Sociedades de Capital. Sin embargo, en esta ley no encontramos ninguna referencia al protocolo familiar.

A pesar de ello, el protocolo familiar, aunque por su naturaleza es un acuerdo privado, está protegido por ley. Funciona como un contrato entre los distintos miembros de la familia. La primera referencia legal al protocolo aparece en el Apartado 3 de la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa. Esta ley dispone que «reglamentariamente se establecerán las condiciones, forma y requisitos para la publicidad de los protocolos familiares, así como, en su caso, el acceso al registro mercantil de las escrituras públicas que contengan cláusulas susceptibles de inscripción».

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Por su parte, el Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, define el protocolo como un “conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros con los que se guardan vínculos familiares con respecto de una sociedad no cotizada en la que se tiene un interés común”.

Cómo se aplica la ley

En el día a día, el protocolo familiar se crea en el ámbito privado, y solo voluntariamente se puede registrar en el Registro Mercantil y en la página web de la empresa bajo ciertas condiciones.
El acceso al Registro mercantil del protocolo se produce a instancia del órgano de administración de las sociedades y bajo su responsabilidad, quedando simplemente para dentro de la empresa la relación de éste con la propiedad BOE núm. 65 Viernes 16 marzo 2007 11255 y en general, con los firmantes del protocolo y sin perjuicio del recurso de éstos a la autoridad judicial en el supuesto de que no se halle autorizada su publicidad y se discuta el interés de la publicación.

Qué pasa cuando el protocolo contiene datos personales

Si el protocolo incluye datos relativos a la intimidad de los familiares y se pretende una publicidad de los mismos (por ejemplo, pactos sobre el régimen personal de la familia, prohibiciones u obligaciones personales, casarse en régimen de separación de bienes o que el consorte pueda o no ser socio, o bien que los hijos deban estudiar en una universidad determinada…) entonces, el acceso a la publicidad de estas cláusulas concretas debe claramente contar con el consentimiento expreso y cualificado al que se refiere la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, con el alcance y efectos que dicha ley atribuye a dicho consentimiento.

Excepciones

El real decreto no es de aplicación a las sociedades anónimas cotizadas. Cuando la sociedad es cotizada, su marco normativo de aplicación es la Ley 26/2003, de 17 de julio que viene a modificar dos textos legales anteriores (la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, y el texto refundido de la Ley de sociedades anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre).

En este sentido, se establece que puede constar en el Registro mercantil mediante inscripción la escritura pública de elevación de acuerdos sociales que contenga, en ejecución del protocolo y con mención expresa del mismo. Esto significa se favorece la visualización del protocolo al que puede responder el acuerdo social y permite con ello una más adecuada interpretación de los acuerdos adoptados a nivel legal si fuera necesario.

 

Fuente imagen: Flickr / Tulane Public Relations